Autor: Marilín Gonzalo

A fines de 2001, la prensa mundial reproducía imágenes escalofriantes de la crisis argentina. Sin embargo, varios periodistas e investigadores se interesaron por procesos de fondo que el impacto mediático dejaba de lado.

Reproducimos a continuación un artículo publicado por Le Monde diplomatique (Francia) sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores.

Por Cécile Raimbeau
Periodista. Autora (junto con Daniel Hérard) de un libro sobre la Argentina autogestionada, que publicará éditions Alternatives en febrero de 2006.

Traducción: Gustavo Recalde

20 de marzo de 2003. Treinta trabajadores despedidos del Hotel Bauen ingresan desde una playa de estacionamiento a su ex empresa, un hotel cinco estrellas de veinte pisos ubicado en el corazón de Buenos Aires. Inaugurado en 1978 para el Mundial de Fútbol, está cerrado desde hace quince meses. Desde luego, ocuparlo es atentar contra el derecho a la propiedad privada. Pero también es atacar un símbolo del capitalismo desenfrenado impulsado por la dictadura.

Marcelo, 56 años, 23 de los cuales los pasó en la recepción del hotel, buscó desesperadamente trabajo en 2002. Gladys, ex mucama, ganaba cuatro euros por noche en una agencia de remises ilegal. Rodolfo, antes empleado de mantenimiento, juntaba material reciclable, como decenas de miles de nuevos desempleados que revuelven la basura de Buenos Aires.

La audacia de estos desocupados nada tiene de excepcional en un país donde la tasa de desempleo alcanza el 20%, y el 45% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Sus “recuperaciones” conllevan la idea de una reapropiación, en nombre del bien social, de espacios abandonados por los “ladrones” del sector privado. La revuelta popular de diciembre de 2001 alentó este fenómeno, generando vínculos entre acciones hasta entonces aisladas. Mientras que en aquella época se contabilizaban 44 empresas recuperadas, actualmente ascienden a aproximadamente 170, que emplean a más de 10.000 personas (1).

La recuperación de empresas quebradas por parte de sus ex empleados comenzó a desarrollarse a mediados de los años 1990. El modelo neoliberal aplicado fervientemente por el entonces presidente Carlos Menem producía cada año miles de desempleados (2). No sólo las privatizaciones masivas dejaban en la calle a empleados del sector público, sino que además la eliminación de las restricciones a las importaciones y de los subsidios a las exportaciones habían generado un tal flujo de productos extranjeros que la pequeña industria nacional no podía competir con ellos.

Las empresas recuperadas no suelen ser, como en el caso del Bauen, empresas de servicios, sino pequeñas y medianas industrias. Los sectores metalúrgico, mecánico, de imprenta y alimentación son los más representados. Concursadas o quebradas, estas empresas tienen en común estar cubiertas de deudas. El fisco, los bancos, los proveedores son sus acreedores. También lo son sus empleados a quienes se les adeudan salarios e indemnizaciones.

Los empleados que aspiran a una reactivación de la empresa prefieren una indemnización en máquinas-herramientas en vez de dinero. Sin embargo, aunque la ley de quiebras argentina contemple el principio de prioridad de los empleados sobre los demás acreedores, no favorece claramente la reactivación por sobre la liquidación. Un artículo facilita la compra de la empresa por inversores, sin privilegiar a los empleados acreedores. Llamada cramdown, esta medida reintroducida como consecuencia de la extorsión perpetrada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) fomentó frecuentemente la aparición de compradores fantasmas, manejados secretamente por patrones ávidos de readquirir su propia empresa a bajo precio.

El caso del Bauen es emblemático: construido en plena dictadura, gracias a un préstamo público nunca pagado, el edificio fue vendido en 12 millones de dólares en 1997 a un empresario chileno, que sólo pagó 4 antes de cerrarlo, a fines de 2001. Antes de ocupar “su hotel”, los ex empleados del Bauen presentaron el estatuto de una cooperativa, con la ayuda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Este movimiento federativo cobró fuerza a comienzos de 2002, impulsado por dos ex simpatizantes de Montoneros (la guerrilla peronista de los años 1970). Eduardo Murúa y José Abelli resumen las tres etapas de su estrategia con una fórmula tomada del Movimiento de Campesinos Sin Tierra de Brasil: “¡Ocupar, resistir, producir!”.

En 2002, una reforma a la Ley de Quiebras introdujo la posibilidad de ceder la explotación de las empresas quebradas a cooperativas. Sin embargo, un juez que pretenda alentar una cooperativa debe negociar un contrato de locación con el propietario o esperar una decisión de expropiación emanada de los poderes públicos. “El Estado expropia para construir rutas, ¿por qué no para el bien social y el derecho al trabajo?”, arguyen los voceros del MNER. Si bien el 31% de las empresas recuperadas gozan de un acuerdo judicial de locación, y muchas funcionan sin un marco legal, sólo el 29% logró formas de expropiación. Los trabajadores son generalmente autorizados a utilizar las máquinas y a ocupar el edificio por dos años. Al cabo de este período, si el Estado no ha indemnizado al propietario y a los acreedores, éstos pueden solicitar la venta del edificio y las máquinas…

En noviembre de 2004, las empresas recuperadas lograron una victoria más prometedora: la expropiación definitiva de doce establecimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las cooperativas beneficiadas con la medida disponen de tres años de gracia, y luego de veinte años para comprar los edificios y las máquinas a crédito. Pero este tratamiento caso por caso no es suficiente: los trabajadores reclaman una ley nacional de expropiación definitiva que sirva para todas las empresas recuperadas.

Haciéndose eco de las presiones de los poderes económicos, editorialistas de los grandes medios de comunicación condenan estos “ataques a la propiedad privada” considerados ¡ofensivas bolcheviques en el Río de la Plata! “Antes era la ideología la que impulsaba la toma de empresas, no la defensa del trabajo, –responde el equipo del sociólogo Grabriel Fajn (3)–. Hoy, quienes representan a este movimiento conforman un grupo muy heterogéneo, donde la mayoría no tiene ninguna experiencia sindical”. Generando “nuevos sujetos políticos”, la ideología se desarrollaría después de la recuperación.

Increíble sensación de libertad

Los desocupados que eligen este camino atraviesan necesariamente períodos de conflicto con la patronal, la justicia y la policía. Para enfrentar estas situaciones, deben recurrir al apoyo de sus familias y solidarizarse. Esta comunión en la rebelión crea no sólo nuevas relaciones de cooperación y amistad, sino un proceso democrático de toma de decisiones: la asamblea. Cada trabajador dispone allí de un voto. “La libertad que sentimos es increíble, –señala satisfecho Marcelo, presidente de la cooperativa Bauen–. Pero no todos tenemos el mismo enfoque: algunos piensan que se trata de hacer lo que tienen ganas; otros que se trata de no hacer nada. Lo más duro de la autogestión es luchar contra el individualismo y la ausencia de iniciativas. Debemos formarnos para superar ‘el ser obrero’, ¡sin transformarnos en patrones!”. En este contexto, una parte de los asalariados se retira, principalmente los directivos, ausentes en un 80% de las empresas recuperadas. Sin patrón ni jefes, más por pragmatismo que por ideología, las asambleas adoptan el principio de salarios igualitarios. Es preciso entonces redistribuir las tareas en función del conocimiento y la antigüedad, reforzar la polivalencia, elegir coordinadores revocables por sector, trasladar ex trabajadores de la producción a la administración, formarlos y establecer mecanismos que aseguren la transparencia de los balances contables.

Ex empleada doméstica, María tomó clases de comercialización durante cuatro meses con un profesor voluntario, luego pasó al área de ventas. Osvaldo, empleado de vigilancia devenido cocinero, se puso el gorro para vivir finalmente de su pasión. Al caer la tarde, en el tercer piso, se escuchan tímidas voces repitiendo a coro: “May I help you, sir?”. Profesores de idiomas les enseñan a cambio de que les presten las salas para sus cursos pagos.

Tras dos años y medio de ocupación, la cooperativa Bauen rehabilitó el edificio y sus habitaciones con el único capital de la solidaridad y la creatividad. Poco a poco, se hizo de una clientela interesada en los precios módicos y las facilidades de pago. Se incorporaron unos sesenta nuevos socios. Actualmente son 110 y cobran un salario mensual superior al de un maestro. Cuando todo va bien, el 40% de las ganancias pasan a la masa salarial, el resto se reinvierte. En la actualidad, el 79 % de las empresas ocupadas producen. Sin embargo, aunque se hayan beneficiado de la reactivación económica y la devaluación del peso, todas debieron superar los vericuetos legales, la falta de capital y subsidios, una clientela incierta y proveedores a menudo desconfiados de la autogestión. La mayoría de estas cooperativas trabajan a destajo: los obreros venden un proceso industrial a clientes que proveen la materia prima y pagan el producto contra entrega. Reduciendo los ingresos y generando vínculos de dependencia con los clientes-proveedores, esta solución no constituye sino una etapa transitoria, hasta que los trabajadores se capitalicen para comprar ellos mismos la materia prima, dado que su producción apenas alcanza la mitad de su capacidad anterior.

Estas empresas se ayudan mutuamente hasta convertirse en clientes o proveedores unas de otras y otorgarse créditos. Su producción es utilizada por otras industrias, y en escasa medida por los consumidores. Esto constituye un inconveniente: es imposible considerar ventas directas en un mercado solidario. Responsable de un departamento de la Facultad de Filosofía que apoya la autogestión (4), el profesor Andrés Ruggeri considera esta realidad una desventaja: “Las empresas recuperadas que fabrican autopartes sólo pueden venderlas a los fabricantes de autos. Ahora bien, estas multinacionales se niegan a trabajar con cooperativas, mucho menos con empresas recuperadas. La única solución es vender a una empresa intermediaria que revende a las multinacionales, pero los trabajadores pierden un porcentaje en esas transacciones”.

La inserción de las empresas recuperadas en el mercado capitalista suscitó un vivo debate en 2002. Una corriente trotskista, minoritaria, reivindicaba entonces la estatización bajo control obrero. Tenía presencia en cuatro empresas, entre ellas una textil de Buenos Aires (Brukman) y una fábrica de cerámicos de Neuquen (Zanon). Sus obreros consideraban la recuperación como la etapa previa a una reconstrucción socialista en la cual el Estado sería el vector de la planificación económica. Los partidos de extrema izquierda de esta corriente no creen en la viabilidad de las cooperativas en el mercado capitalista.

Debate ideológico aparte, esta posición tuvo una consecuencia: la prolongación indefinida de un conflicto. Ésta fue al menos la lección aprendida de la experiencia de Brukman, donde los trabajadores fueron desalojados por la policía. Luego, Brukman se convirtió en una cooperativa que, ironía del destino, pasó a estar bajo la influencia de una corriente más reformista: el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT) fundado por Luis Caro, un abogado vinculado al sector de los negocios, la Iglesia católica y la derecha peronista. “Rindiendo culto a la eficiencia económica, despoja a las cooperativas, a las que sustrae de la influencia del MNER, sus experiencias culturales alternativas”, lamenta Andrés Ruggeri.

Los obreros de la fábrica de cerámicos Zanon optaron por una forma jurídica de cooperativa sin dejar de reivindicar la estatización soñada. La unidad de sus trabajadores convirtió a esta empresa recuperada en un símbolo nacional de lucha. Gracias a los sólidos lazos que tejieron con los movimientos sociales, estos ceramistas resistieron a siete intentos de desalojo. Cada mes, producen ilegalmente más de 300.000 metros cuadrados de cerámicos. Habiendo contratado a 210 trabajadores, pagan salarios igualitarios equivalentes a los de los policías y siguen encontrando los medios de hacer regularmente donaciones en los barrios.

Crear empleo en una empresa declarada en quiebra es un admirable “pito catalán” a la patronal. Pero esto no significa que todas las empresas recuperadas tengan su futuro asegurado. Todo dependerá de la viabilidad de cada una de las condiciones económicas globales, pero también, en gran medida, de la ayuda financiera, técnica y legal que el Estado argentino quiera efectivamente brindarles. En el MNER, están convencidos de que si recibiera ayuda la autogestión podría recuperar 150.000 empleos, y representantes de este movimiento mayoritario se presentan a menudo como posibles socios del Estado para luchar contra el desempleo. Sin embargo, nunca consiguieron los créditos sin intereses ni las reformas legislativas que esperaban. Los sectores económicos ejercen una influencia tal en los poderes político y judicial que a los funcionarios y jueces les cuesta menos darles la espalda a los obreros rebeldes que ayudarlos, a pesar de la popularidad de las empresas recuperadas.

1 “Empresas recuperadas”, Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, septiembre de 2003.
2 La tasa de desempleo aumentó del 8% en 1992 al 18% en 1995; entre 1989 y 2000, el número de obreros empleados cayó un 35%. Carlos Gabetta, “Le lent naufrage de l’Argentine”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 1999.
3 Centro Cultural de la Cooperación, “Fábricas y empresas recuperadas”, noviembre de 2003.
4 Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía (UBA),“Informe del relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores”, abril de 2003.