¿Qué derechos tienen los usuarios de Megaupload?

Hace unas horas el FBI cerraba Megaupload, acusando a sus trabajadores de lavado de dinero, crimen organizado e infracción de copyright. Megaupload es el mayor servicio de alojamiento de archivos en internet y tenía 150 millones de usuarios.

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Según la acusación, esta acción “está entre los mayores casos criminales relacionados con copyright que ha habido en Estados Unidos y apunta directamente al uso indebido de un lugar de distribución pública de contenido para cometer y facilitar crímenes a la propiedad intelectual”. El documento habla de una “Mega Conspiración” en la cual están otros sitios muy populares como Taringa, Series Yonkis y Películas Yonkis.

El caso tiene más implicaciones que veremos en los próximos días, porque Megaupload tenía millones de clientes que pagaban por guardar sus contenidos privados y su cierre podría suponer, según Carlos Almeida, abogado experto en propiedad intelectual, “la incautación de documentación privada de millones de usuarios, violando su privacidad”. Tanto él como Javier Maestre, también abogado, nos aclaran nuestras dudas sobre los aspectos jurídicos del caso para los usuarios en España:

Marilín Gonzalo – ¿Un cliente de Megaupload en España debería preocuparse por sus datos privados?

Javier Maestre – El problema es que no sabemos qué es lo que han hecho las autoridades
norteamericanas con los servidores donde estaban alojados esos datos. Si han sido incautados por las autoridades es previsible que al menos durante un tiempo el cliente no podrá acceder a esos datos y no sería de extrañar que se acabaran perdiendo para siempre.

MG – ¿Podría reclamar el contenido propio que hubiera subido a Megaupload?

J. M. – Lo suyo sería que los clientes que tengan datos que quieran recuperar se dirijan a las autoridades que han ordenado su incautación, dando todos los datos posibles sobre su cuenta y los archivos que quieran recuperar. Tratándose de ciudadanos que viven fuera de los Estados Unidos, es posible que esta reclamación se pueda hacer a través de las embajadas de este país.

MG – ¿Es un caso comparable al de Napster jurídicamente?

J. M. – Es comparable en el sentido de que la acción se dirige frente al propietario de una tecnología por los actos que con ella hacen sus usuarios.

MG – ¿Qué derechos se están viendo vulnerados?

J. M. – De momento se tiene poca información sobre el proceso y los derechos varían en función del contenido alojado, pero podrían verse afectados sobre todo el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. El problema es que esta medida perjudica directamente a millones de personas y empresas, que no han sido parte en el proceso y a las que no se les ha dado la oportunidad de retirar sus contenidos. Desde luego es una medida que, cuanto menos, se antoja totalmente desproporcionada.

MG – ¿Qué acciones legales podría tomar?

J. M. – Una de ellas sería personarse en el procedimiento directamente y pedir una copia de sus archivos y, eventualmente, una indemnización por los daños y perjuicios causados. Otra opción podría ser hacer una reclamación a través de la embajada estadounidense como se indicó antes.

C. A. – La Agencia Española de Protección de Datos debería intervenir de oficio, al igual que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia: se trata de los datos personales y de la propiedad de miles de ciudadanos españoles.

MG – ¿Qué podremos ver en torno a esto en las próximas semanas?

J. M. – Es una incógnita, habrá que estar pendientes.

Por otro lado, FACUA, la agencia de consumidores, ha advertido que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados y que el Gobierno estadounidense debería ponerlos a su disposición, ya que la protección de la propiedad intelectual no justifica el crear un “Estado policial del copyright” en el que se pisoteen derechos básicos de los ciudadanos como la intimidad, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.

Esta entrevista fue publicada originalmente por mí en ALT1040

La red resiste

Hace exactamente dos años tuvimos conocimiento del anteproyecto de Ley Sinde. Gran parte de la ciudadanía señaló de inmediato su rechazo en las redes a través del #manifiesto por los derechos fundamentales en Internet. En estos 24 meses el debate social sobre esta iniciativa ha sido intenso y ha aglutinado a ciudadanos y organizaciones preocupados por la merma de derechos y libertades. Ahora, pocos días después de haber sido deslegitimado por las urnas, un gobierno moribundo pretende aprobar el reglamento que desarrolla esta ley en abierta connivencia con el gobierno entrante.

La Ley Sinde tendrá numerosos efectos indeseados: al introducir una fuerte inseguridad jurídica en la regulación de Internet, se dificulta gravemente la actividad de los emprendedores tecnológicos que el Partido Popular pretende que contribuyan a reactivar la economía. La redacción de la Ley Sinde señala claramente que se aplica a todos los servicios de la sociedad de la información; no deben confundirnos los mensajes que afirman que su única razón es la de cerrar webs de descargas. Nada es peor para el crecimiento de un mercado que la inseguridad de no saber si al día siguiente un negocio puede ser cerrado por la aplicación arbitraria de una norma en manos del gobierno de turno.

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país es atroz: la Embajada de los Estados Unidos ha impuesto la aprobación de la Ley Sinde, el canon digital a empresas y administraciones fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero tras año y medio se sigue pagando, los antiguos dirigentes de la SGAE -siempre defendida por el Ministerio de Cultura- se hallan imputados en la Audiencia Nacional por el saqueo generalizado del dinero de los autores. Este panorama cuadra con el general: una corrupción política extendida y no censurada en las urnas, unida a la subordinación de la democracia a los intereses de unos pocos con nombres y apellidos a los que sin embargo se les llama “mercados”.

Sólo con inteligencia, diálogo y trabajo se pueden resolver los actuales retos de la propiedad intelectual y comenzar a construir una salida a la preocupante situación económica actual. Como el Tribunal Europeo de Justicia, entendemos que la tensión entre la propiedad intelectual y la libertad de empresa, el derecho a la privacidad y el derecho a recibir o emitir información ha de resolverse en favor de estos tres últimos derechos. Será la única manera de crear riqueza y de mantener las libertades que tanto ha costado conseguir.

Frente a la arbitrariedad, la defensa histórica de la ciudadanía ha consistido en asegurar la garantía de los derechos fundamentales sustrayéndolos de la política, esto es, de los poderes de la mayoría y del mercado: se trata de derechos inviolables, indisponibles e inalienables.

Los gobiernos van y vienen. La red resiste.

Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en internet»

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

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Foto: Palagret

May Day, Día de los Trabajadores

May Day, antes una festividad pagana y ahora el Día de los Trabajadores es un día festivo internacional en el que se recuerdan los incidentes de Haymarket, en mayo de 1886. Obreros de Chicago que iniciaron una huelga con la que luchaban por establecer un límite de 8 horas en la jornada laboral. Antes de eso existía una ley que prohibía trabajar más de dieciocho horas, salvo caso de necesidad.

Los organizadores de la huelga, conocidos hoy como los Mártires de Chicago, fueron detenidos y condenados a la horca menos uno que recibió prisión perpetua, en un juicio considerado una farsa. Plagado de mentiras, su verdadero motor era el miedo a la capacidad de organizarse de los trabajadores. A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de ocho horas a varios centenares de miles de obreros, aunque hubo que esperar hasta 1935 para que el presidente Franklin Roosevelt la aprobara por ley.

Sinde

Quizás el debate es demasiado complejo, o se están discutiendo demasiadas cosas, lo cierto es que el nombramiento de Angeles Gonzalez-Sinde sigue provocando posts. Se habla del futuro de la industria cultural, la distribución de contenidos, el derecho a la cultura, la retribución al artista, las entidades de gestión privada, el canon digital, hasta de la generación de treintañeros que viven con sus padres.

Algunos párrafos que me quiero guardar, casi al azar, porque no hay justicia en dejar de leer los posts completos:


Una persona que califica el canon como claramente insuficiente, cuya designación destruye cualquier posibilidad de alcanzar un equilibrio entre los derechos de los internautas y de los ciudadanos en general y los de esos creadores aferrados a modelos de negocio imposibles hoy en día y que están dispuestos a llevar a todo el mundo a la cárcel con tal de mantener su situación. La decisión de poner a esta mujer ahí es, en realidad, un clarísimo pago por el apoyo de la farándula durante la campaña electoral: a todos los efectos, bien podían haber puesto a Teddy Bautista y llamar a la cartera “Ministerio de la SGAE”.

Enrique Dans: Una pesadilla, Angeles Gonzalez-Sinde, ministra de cultura


Me encantaría pagarle a Julio Medem cada una de las películas suyas que me descargué. Pero no comprando discos, por el amor de Dios… ¡Basta de disquitos, de casetitos, de blu-rays, de cintas de video, de mierditas chiquitas, que se llena la casa de basura y hay que tirar todo cada año y medio! (…)

Si lo que propone la Ministra de Cultura es que Telefónica yRapidshare no se coman todo el dinero que me gasto en ver series y películas, yo encantado de la vida de mandar a la mierda a Telefónicay al Rapidshare. Pero necesito algo a cambio, un sistema mejor que distribuya mi dinero entre los creadores (eso no lo tengo) y que me ofrezca velocidad de descarga y alta calidad de visionado (eso ya lo tengo).

Espoiler: Promesa Pública a la Ministra


Ordenar” el internet, de tal forma que parte del dinero destinado a pagar una conexión de internet con la que se descargan series de televisión, películas o música llegue a los creadores es simplemente meter otro canon digital.

…y ya sabemos cómo le fue a España con elcanon. Miles, posiblemente millones de personas, pagando un impuesto injusto por uso “calculado” de tecnologías, que nada tienen que ver con la realidad; y un gobierno que sigue llamando piratas a quienes descargan para uso privado, aún cuando les hacen pagar un impuesto por, justamente, la copia privada. (…)

Me parece justa la idea de encontrar una forma de pagarle 74 céntimos por episodio al creador de la serie (yo pagaría gustoso 1€, inclusive), pero la solución está lejos del “orden” propuesto por la nueva ministra.
Lo que el gobierno debería hacer es presionar a las discográficas y estudios a impulsar el uso de medios digitales y deshacerse de medios físicos. Estoy seguro que en menos de un mes tienen un acuerdo con Apple y están vendiendo las series y películas en el iTunes.

ALT1040: Casciari, tienes razón, pero no queremos otro canon digital


Cuando hablamos del la libertad de ver algo y no pagar por ello tenemos que pensar en dónde ponemos el acento. Habrá quién diga “Es que eso es malo para la cultura”. Bien, supongamos que fuera verdad, que la cultura y las industrias culturales fueran lo mismo (que no lo son) Pero lo cierto es que DA IGUAL. Da lo mismo que pensemos en si algo es bueno o malo o regulín para la cultura cuando el uso social de las tecnologías ya ha incorporado a una generación completa (Y las siguientes) en que el acceso a los contenidos es gratuíto.

No digo que no se puedan implementar formas de control de ese acceso gratuíto, digo que esa generación pensará formas de romper ese control. Siempre, sin excepciones. Y lo hará rápido. Más rápido que cualquier ley. Que cualquier campaña mediática y tecnológica. El motivo es sencillo. Son más cabezas pensando juntas y en red con un objetivo. Es una lucha que no se resuelve. No se gana.

Por el camino, el resultado suele que el servicio que se da es cada vez es peor, las condiones son cada vez peores y la relación entre quién “defiende la cultura” (suspuestamente los creadores que la producen) y quien “la destruye” (las millones de personas que acceden a ella a través de la red. En serio, ¿no es ésto una paradoja como para parar el carro un pelín?) sea cada vez de un mayor enfrentamiento. Cuando ambos grupos (Si es que tal división es posible) Se necesitan. Es más. El grupo de los “creadores” necesita (o necesitamos) mucho más al de los consumidores que el de los consumidores a nosotros. Porque ellos ya tienen los medios para producir cultura de forma autónoma y distribuírla gratuítamente también.

Fílmica, Casiopea: Sí y no, Casciari


El cánon es en realidad un impuesto –de pago compulsivo– que es gestionado por una asociación privada, que decide sin control externo a quién da ese dinero, que hace campañas para criminalizar la copia, que nos insulta a todos tratándonos de piratas, que meten juicios a chavales para generar el efecto chill out y nadie les critique [que les ha fallado rotundamente],  que pretenden convertir a la copia privada en ilegal y últimamente –con el apoyo de varios políticos del PSOE– intentar prohibir el P2P.

Lo anterior, todo junto y en contexto es inaceptable y antidemocrático. (…)

Yo no tengo nada contra la idea de que el estado me cobre para fomentar la cultura, pagaría una “tasa de banda ancha” sin ningún problema, de hecho ya estamos pagando un huevo en la seguridad social –fui tres veces al médico en toda mi vida–, tasas municipales, tasas de no sé qué del carbón, innumerables tasas al gasóleo, IVA, IRPF, paro, etc. etc.

Pero a cambio:

  • Legalizar la copia sin fines de lucro, sea privada o no.
  • Asegurar la neutralidad de la red cualquiera sea el protocolo y contenido.
  • Prohibir todo dispositivo que impida el ejercicio del derecho a copia (i.e. DRM).
  • Que la tasa sea propocional a lo que cobra la operadora o ISP.
  • Que es impuesto lo recaude la administración, no una entidad privada.
  • Que sea la administración la que dicte las reglas de cómo distribuir el dinero.
  • Que el dinero lo controle y distribuya la administración o empresas privadas pero bajo reguladas, auditadas y en régimen de concurso y concesión temporal (como las autopistas, por ejemplo).
  • Que la distribución sea equitativa con métodos de medición más fiables y no solamente lo que se escucha por la radio o TV.

Si están dispuestos a hacer eso, aplaudiré esta tasa.  Habré perdido un poco más de dinero, pero habré recuperado la libertad [otorgada por las tecnologías y quitadas por la ley] y  la seguridad que ese dinero estará mejor distribuido –o que al menos sabremos cómo se distribuye–. (…)

Miré tus últimos doce artículos en el blog –los que aparecen en la caja de la derecha–. En ellos hablas de 63 series y miniseries. ¿Sabes cuántas de esas son españolas? Ninguna.

¿Sabes cuánto dinero transifirió la SGAE a las sociedad extranjeras? De los 382 millones de euros repartidos en 2007, la parte internacional fue de 25 millones de euros. Un 6.5%.

Muy equitativo. Estas cifras parecen más las de un verdadero pirateo, con fines de lucro y a costa del trabajo de los demás.

Ricardo Galli: Casciari tiene razón, pero peligrosamente optimista

Actualizo y agrego:

Los cánones indiscriminados gestionados por organizaciones de intereses creados al servicio de modelos de negocio, como por ejemplo el de El País, cuyos ejecutivos piden dinero y prebendas públicas porque no les salen la cuentas, está detrás de todo esto. Y la ministra y su nuevo director del ICAA se han caracterizado por poner encima de la mesa una visión restrictiva, a veces peligrosa, de cómo resolver este cambio de paradigma. Eso sí, lo hacen con moderación y educadamente, un mérito a añadir para que no haya que tratarles, por supuesto, a patadas, y eso sin perjuicio de que la parodia y la sátira, lo incorrecto políticamente hablando que tanto valoras en las series que te gustan, sea factible. Los que debatimos en la red aspirando a no caer en lo que acertadamente señalas, inventar “conspiraciones paranoicas entre sindicatos de guionistas para salir en la portada de Menéame” sólo queríamos saber cómo se lleva la actitud pública de un medio que se posiciona en contra de hacer lo que en tu página se dice que se hace, pues precisamente la alojan ellos. Viceversa: que te beneficias de los servicios de un medio que pregona lo contrario a lo que haces. Nos mata la curiosidad, efectivamente, pero no es obligario posicionarse uber alles, ya es extraordinariamente bastante que sigas instruyendonos en talento y dramaturgia.

Gonzalo Martín: Con respeto y afecto, Hernán, hay algo que no se ha entendido.

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